Formación profesional: una reforma de gran envergadura [fr]

La nueva ley relativa a la formación profesional, al empleo y a la democracia social aspira a transformar la formación profesional para luchar contra el desempleo y para reforzar el diálogo social. Promulgada por el Presidente de la República el 5 de marzo de 2014, la reforma es fruto del acuerdo nacional interprofesional sobre la formación profesional que se concluyó entre los interlocutores sociales y de muchos ejercicios de concertación sobre el aprendizaje, la representatividad patronal, etc.

Formación profesional, aprendizaje y empleo

Con respecto a la formación profesional, uno de los puntos culminantes de la nueva reforma es la creación de una cuenta personal de formación, llamada a sustituir el DIF (derecho individual a la formación) desde el 1 de enero de 2015, la cual seguirá a cada individuo durante toda su carrera. Esta cuenta vinculará los derechos de formación a la persona, en vez de al contrato de trabajo como hasta ahora.

Para formar a 500.000 aprendices con más eficacia, se han revisado las reglas de gestión y de afectación del impuesto de aprendizaje. La financiación de la cuenta personal de formación será alimentada mediante una contribución única (Fondo Paritario de Garantías para las Carreras Profesionales) de 1% que se establecerá a partir de la masa salarial de todas las empresas de más de 10 asalariados. Una parte de este importe será mutualizada a favor de las pequeñas empresas.

En el marco de la descentralización, las regiones ocuparán un espacio importante en la lucha por el empleo: los consejos regionales tendrán nuevas competencias en materia de formación profesional. De ahora en adelante, serán competentes para todos los públicos privados de empleo en materia de formación profesional y coordinarán la adquisición pública de formación. Las regiones también garantizarán la formación de públicos específicos (franceses en el extranjero, detenidos y solicitantes de empleo con alguna minusvalía). Por último, el conjunto de estas competencias se aplicará en un marco renovado con la creación de un servicio público regional de la formación profesional.

Democracia social

Con el fin de garantizar la legitimidad de una democracia social, la ley trata de garantizar una mejor representatividad de las organizaciones patronales. Éstas tendrán potestad para negociar y firmar acuerdos si cumplen con varios requisitos, siendo el principal su audiencia, valorada por la cantidad de empresas afiliadas (al menos 8% de los afiliados a las organizaciones profesionales en un mismo sector). En el ámbito nacional, deberán ser representativas en cuatro sectores - industria, construcción, comercio y servicios.

Con el fin de consolidar la transparencia de la financiación de las organizaciones representativas, los grandes comités de empresa tendrán la obligación de presentar unas cuentas certificadas y de establecer una comisión de los mercados públicos encargada de escoger a los proveedores y a los prestatarios. Se requerirán unas cuentas simplificadas a los comités de empresas más pequeños.


Más información :

- Dossier de prensa :

PDF - 2.1 MB

- Página web del Gobierno

- Ministerio de Trabajo, Empleo, Formación Profesional y Diálogo social

Última modificación: 15/04/2014

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